LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO……O SI ?

 

Uno de los principios generales del derecho que es ampliamente conocido por personas propias y ajenas al mundo jurídico es aquel que reza en el siguiente sentido: “la ignorancia de la Ley no exime de cumplirlas”, entendiendo por “ignorancia” el desconocimiento de alguna cuestión y por “Ley” a cualquier norma preestablecida por las autoridades.

Bajo dicha tesitura, ninguna persona puede excusarse de hacer algo prohibido por Ley o no hacer algo a lo que estaba obligado por Ley, alegando que no conocía dicha Ley, pues todos se escudarían en dicha ignorancia para incumplir la Ley.

Si bien es cierto que dicha máxima del derecho aplica de manera general a la vida cotidiana de las personas, existen ciertos casos de excepción establecidos en el Código Civil Federal en los cuales la Ley permite que se justifique el incumplimiento de una Ley en base a la ignorancia, o bien, se prorrogue su cumplimiento.

El precepto legal de interés en el presente artículo es el siguiente:

Artículo 21.- La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público.

De su lectura se desprende que los Jueces podrán eximirlos de las sanciones a las que se hubieren hecho acreedores por un incumplimiento de la Ley que ignoraban, cuando alguna de las partes 1) exista un notorio atraso intelectual en la formación académica de la persona; 2) la persona viva de manera apartada de las vías de comunicación; o 3)  la persona se encuentre en una miserable situación económica.

Así mismo, el señalado artículo señala que el Ministerio Público deberá de comunicar su conformidad con la aplicación de dicha eximente, pues es quien se encuentra encargado de la persecución de las conductas que están tipificadas como delitos.

Es de destacarse que dicha eximente no aplica en casos de que la infracción violente directamente una Ley de interés público, pues en dicho caso existirían posibles afectaciones a terceros sobre los cuales nacerían obligaciones adicionales, como lo es la reparación del daño; o bien, afectaciones a bienes jurídicos tutelados de orden público, como lo es el medio ambiente, la salud pública y  la seguridad pública, entre otras.

No obstante lo anterior, en la actualidad la mayoría de las Leyes que son publicadas establecen que su contenido normativo es de Orden Público, por lo que son pocos los casos en los que resultaría aplicable dicha eximente o atenuante.

Además, dicha norma establece la posibilidad de obsequiar al incumplido un periodo de gracia para acatar la Ley que se ignoraba, supuesto que resulta aplicable en aquellos casos en los que no puede eximirse de manera alguna sobre el cumplimiento de alguna Ley.

Bajo tales consideraciones, de los tres supuestos de procedencia de dicha eximente se desprende que ésta sólo aplica en casos muy particulares en los que deberá estudiarse el estado de necesidad de la persona; su escolaridad; y su aislamiento respecto a la sociedad, resultando ser una figura interesante a aplicar en juicios pro bono, en los que se busca ayudar al prójimo que se encuentra en una situación de desventaja económica, académica o social.

Así pues, a través del presente artículo se busca motivar tanto a litigantes como a quienes se encargan de resolver las disputas jurídicas, a fin de que adopten dichas figuras alternativas que dotan de un espectro más amplio de protección a las personas que se encuentran en un nivel mayor de desprotección frente a los abusos de personas públicas y privadas.